(Página siete).-La crisis social en Ecuador acabó el domingo con un acuerdo entre el movimiento indígena, que lideró las manifestaciones, y el gobierno que aceptó retirar el polémico decreto que suprimió los subsidios.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció este viernes el envío el próximo domingo de un equipo de tres personas a Ecuador para investigar la violencia cometida durante las recientes manifestaciones.
Esta misión responde a una petición emitida por el gobierno ecuatoriano, precisó una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, durante una rueda de prensa en Ginebra.
Ecuador salió el lunes de su peor crisis en décadas, paralizado durante casi dos semanas y presa de violentas manifestaciones contra la eliminación de subsidios a combustibles y las consecuentes alzas de los precios, que causaron ocho muertos y 1.340 heridos en 12 días.
La crisis social acabó el domingo con un acuerdo entre el movimiento indígena, que lideró las manifestaciones, y el gobierno que aceptó retirar el polémico decreto que suprimió los subsidios.
«Nuestra oficina recibió acusaciones de violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, así como informes que dan cuenta de crímenes cometidos por terceras partes», destacó Shamdasani.
El equipo enviado por la ONU se quedará en el país hasta el 8 de noviembre para examinar «las acusaciones de violaciones de los derechos humanos y de abusos cometidos en el país en el marco de las recientes manifestaciones», precisó.
Durante su visita, los miembros del equipo «intentarán reunirse» con responsables del gobierno y de los indígenas, así como con representantes de la sociedad civil, periodistas y otros actores.
El Alto Comisionado pide también a las autoridades ecuatorianas realizar rápidamente investigaciones «transparentes, independientes e imparciales» sobre estas violaciones.
«Estamos igualmente preocupados por los informes que dan cuenta de detenciones, incluidos actores políticos y representantes», señaló el organismo de la ONU en un comunicado.
Durante los 12 días de crisis, 1.192 personas fueron detenidas, según la Defensoría del Pueblo. El ministro del Interior habla por su parte de 1.419 personas detenidas en este periodo.