(La Razón).- El director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró que el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez usa el COVID-19 para “pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”, al referirse al decreto supremo que restringe la libertad de expresión en medio de la cuarentena.
En la disposición adicional única del decreto 4231, referida a ampliar la gratuidad para los tratamientos contra el cáncer, se establece: “Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Vivanco cuestionó la norma aprobada el 7 de mayo por el Gobierno, que –por su parte-defendió la vigencia y alcance de la normativa ante una serie de cuestionamientos desde diferentes sectores.
“El nuevo decreto de @JeanineAñez prevé cárcel para quien escriba o difunda un comentario o un trabajo artístico que “genere incertidumbre” sobre temas de salud. Eso es usar covid 19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”, observó el director de la organización de defensa de los derechos humanos.
En un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó de su “profunda preocupación” por la ampliación de las restricciones a la libertad de expresión en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en el país.
La ANP “hace pública su profunda preocupación por el contenido del Decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia”, señala el documento.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, respondió ante las críticas que la norma no afecta a la prensa, ya que está vigente la Ley de Imprenta.
“Los periodistas se someten a la Ley de Imprenta; éste es un decreto supremo que lo único que trata es de cuidar la vida de los bolivianos”, explicó en alusión al alcance de la normativa vigente desde el 7 de mayo.
